Samantha Arellanes: “Los derechos no se negocian; se negocia el camino para llegar a ellos”

Samantha Arellanes Balderas ha construido una trayectoria entre el activismo ciudadano y el servicio público. Fue directora de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión Social en el Ayuntamiento de Cuernavaca y posteriormente directora general de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual en Xochitepec, Morelos.

Desde esos espacios ha participado en procesos relacionados con la identidad de género, la capacitación de servidores públicos y la atención institucional de las poblaciones LGBT+.

En entrevista con Ámame Trans MX, la activista reflexiona sobre las diferencias entre exigir respuestas desde las calles y trabajar dentro de las instituciones. También aborda los pendientes que persisten después del reconocimiento legal de la identidad, la violencia que enfrentan las mujeres trans durante una detención, los criterios para investigar sus asesinatos y las divisiones que debilitan al movimiento.

Más allá de los cargos y los avances institucionales, Arellanes habla del costo íntimo de su trabajo: el estrés, los problemas de salud y el deseo de recuperar una vida con mayor paz. Su postura, sin embargo, permanece firme: conocer la ley, construir rutas de incidencia y no negociar los derechos.

Del activismo al servicio público

Samantha, has transitado del activismo ciudadano a ocupar cargos dentro de instituciones públicas. ¿Qué descubriste desde el gobierno que no era fácil saber cuando exigías respuestas desde afuera?

“Lo más importante fue comprender que muchas veces llegábamos a las mesas de diálogo con quejas y exigencias, pero sin conocer las atribuciones de cada área.

Tuve dos cargos en gobiernos municipales: fui directora de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión Social en Cuernavaca y después directora general de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual en Xochitepec.

Cuando conoces las instituciones desde adentro, entiendes que algunas luchas no se encauzan hacia las áreas que realmente pueden resolverlas. Tampoco siempre contamos con una argumentación jurídica suficiente. Por eso es fundamental conocer el marco normativo del país, de los estados y de los municipios, y a partir de ahí determinar hacia dónde debe dirigirse cada exigencia.

Me ha tocado participar en mesas donde se le pide presupuesto a la Fiscalía o donde se exige a dependencias administrativas que reformen leyes, cuando eso corresponde al Poder Legislativo.

Necesitamos saber a qué mesa acudimos y cuáles son las facultades de quienes están sentados en ella. Así podremos conseguir los resultados que buscamos para la población trans del país”.

Identidad de género: el reconocimiento no elimina obligaciones

Participaste en el impulso de la reforma de identidad de género en Morelos. Después del reconocimiento legal, ¿qué falta para que ese derecho no exista solamente en el papel?

“Yo participé en el tema antes de hacer pública mi transición, aunque sabía quién era. Las personas trans no nacemos en el momento en que lo decimos; damos libertad a nuestro ser cuando consideramos que es el momento adecuado.

Trabajamos la iniciativa con áreas jurídicas, integrantes del Poder Legislativo, organismos de derechos humanos, autoridades estatales, el Registro Civil y distintos grupos de activistas. Buscamos construir un procedimiento administrativo que también tuviera certeza jurídica.

En Morelos una persona puede realizar su cambio de identidad por la vía administrativa. Si después desea revertirlo, debe esperar un plazo y acudir por la vía judicial. Considero importante que los estados armonicen sus procedimientos y establezcan reglas claras, sin convertirlas en obstáculos para el ejercicio del derecho.

En el estado ya han realizado este trámite adolescentes, personas adultas mayores e incluso personas procedentes de otras entidades. La sociedad debe entender que nuestro cambio de identidad no perjudica a nadie: solamente busca que los documentos correspondan con nuestra identidad social.

También es importante aclarar que el cambio de identidad no borra las obligaciones adquiridas con la identidad primigenia. No buscamos colocarnos por encima de nadie ni obtener beneficios indebidos.

Como mujer trans, adquiero los derechos que corresponden a las mujeres; un hombre trans adquiere los derechos de los hombres. Al mismo tiempo, conservamos nuestras obligaciones legales”.

El peligro durante una detención

Recientemente capacitaste a mandos de la Secretaría de Seguridad de Morelos. ¿Qué práctica dentro de las corporaciones policiales representa actualmente un mayor peligro para una mujer trans durante una detención?

“Este trabajo comenzó desde 2020. En Morelos conseguimos incorporar a las mujeres trans al sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, considerando la identidad y la expresión de género.

A partir de ello se establecieron acciones para capacitar a servidores públicos y elementos policiales en diversidad sexual y en el protocolo de atención a personas LGBT+.

Antes existía mucha violencia durante las detenciones. Había golpes, revisiones invasivas y una falta absoluta de consideración hacia los implantes o las condiciones físicas de las mujeres trans.

También se generaba morbo sobre nuestros cuerpos: querían saber si teníamos implantes o qué genitales conservábamos. Nada de eso tendría que importar para realizar una revisión conforme a derecho.

La atención debe reconocer a las mujeres trans como mujeres y a los hombres trans como hombres. La dignidad no tendría que depender de contar ya con documentos rectificados; también debe respetarse la identidad social y el nombre con el que se presenta cada persona.

Además, una mujer trans no debería ser enviada automáticamente a un espacio destinado a hombres. El modelo de justicia cívica contempla áreas diferenciadas para hombres, mujeres, adolescentes y personas de la diversidad sexual.

Esas disposiciones deben aplicarse y las autoridades tienen que garantizar la seguridad de la persona detenida.

Estos protocolos no siempre nacen de una reforma legislativa; con frecuencia dependen de la decisión administrativa de las instituciones de seguridad. Sin embargo, ya existen y pueden utilizarse como base para exigir un trato digno en municipios y estados”.

¿Cómo saber si una capacitación realmente funciona?

¿Cómo puede comprobarse que una capacitación produjo cambios y no terminó convertida únicamente en una fotografía o una publicación institucional?

“También las poblaciones debemos conocer nuestros derechos. En las capacitaciones aplico evaluaciones de entrada y salida para medir el aprendizaje. Además, realizamos ejercicios prácticos sin que los participantes sepan previamente que están siendo evaluados.

En algunas ocasiones yo misma he participado en esos ejercicios. Cuando una persona actúa de manera agresiva o incumple el protocolo, le señalo cada obligación que está dejando de observar. Sé hacerlo porque conozco el contenido y soy quien imparte la capacitación.

No hablamos solamente de la historia de la diversidad o de conceptos básicos. Explicamos las conductas que constituyen violencia o discriminación y las sanciones que pueden generar.

Cuando las personas servidoras públicas comprenden que ya recibieron la información y que su actuación puede tener consecuencias, cambia su manera de conducirse.

Eso no significa que hayan desaparecido todos los abusos. Todavía puede existir algún elemento que violente, pero deben abrirse procedimientos y aplicarse sanciones.

Por eso insisto: las personas LGBT+ también tenemos que leer y conocer nuestros derechos, porque muchas veces el desconocimiento permite que alguien abuse de nosotras.

Mujeres trans y protocolo de feminicidio

Morelos ha sido señalado como referente por investigar el asesinato de una mujer trans bajo el protocolo de feminicidio. ¿Qué debe cambiar para que estos casos se investiguen correctamente desde el primer momento y no solamente después de la presión activista?

“Desde 2020, la Fiscalía de Morelos cuenta con un protocolo de actuación en materia de feminicidio que considera la identidad y la expresión de género.

Cuando se localiza el cuerpo de una persona y existen elementos que pueden indicar que se trata de una mujer trans o de una persona de la diversidad, el caso puede ingresar inicialmente al área de feminicidios para que ahí se determine la ruta de investigación.

Esto es importante porque el nombre jurídico no siempre coincide con el nombre social. En Morelos se ha trabajado para integrar también ese nombre y evitar que la identidad de la víctima desaparezca del expediente.

Debo reconocer el trabajo que ha realizado la Fiscalía en esta materia. No siempre es correcto decir que los casos solamente avanzan después de la presión de activistas. En la entidad existe una ruta que ya se aplica y se ha obtenido una sentencia por el asesinato de una mujer trans investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Yo no considero adecuado crear una figura separada llamada “transfeminicidio” si eso termina excluyéndonos de la categoría de mujeres. El feminicidio debe incluir a las mujeres trans.

El reto está en garantizar que la protección no dependa exclusivamente de haber rectificado los documentos, porque en varias entidades todavía no existe un procedimiento accesible para hacerlo. La identidad social también debe ser reconocida.

Además, trabajamos en la capacitación para identificar cuerpos de personas trans, particularmente cuando son localizados en fosas. Las transformaciones corporales, los tratamientos hormonales y otros elementos pueden ser relevantes para devolverles su identidad.

Morelos ha acumulado experiencia que podría compartirse con otras entidades”.

Egos y fracturas dentro del movimiento

Desde tu responsabilidad en la Coalición Mexicana LGBTTTI+, ¿qué autocrítica haces al propio movimiento? ¿En qué momento los protagonismos, los partidos o la competencia entre organizaciones han frenado la agenda trans?

“Me preocupa que algunas personas crean que presidir o liderar una organización las convierte en mejores que las demás. Los egos son un problema que debemos corregir desde los propios activismos.

Tengo diferencias con algunas compañeras trans y con compañeros gays o lesbianas, pero esas diferencias deben hablarse. Cuando convertimos cada desacuerdo en un espectáculo público, lo único que mostramos es falta de unidad.

Esa debilidad es aprovechada por los políticos y por los sectores conservadores que buscan frenar nuestros derechos.

Somos seres humanos y no tenemos que estar peleando por coronas. Cada persona construye su nombre y decidirá cómo quiere pasar a la historia.

Yo puedo sentarme con autoridades de distintos partidos y estados porque tengo herramientas para dialogar con ellas. Siempre lo digo: llego a negociar, pero no negocio los derechos. Lo que puede negociarse es el camino para alcanzarlos; los derechos, jamás.

Desde la Coalición hemos acompañado procesos de identidad de género e incidencia política en distintas entidades. También hemos trabajado alrededor de las acciones afirmativas.

Considero que no debería bastar una autoadscripción simple para ocupar una candidatura destinada a las poblaciones LGBT+. Además de identificarse como parte de la comunidad, la persona tendría que acreditar una trayectoria o un trabajo real a favor de ella.

No todas las personas LGBT+ están obligadas a dedicarse al activismo, pero quien ocupa un espacio mediante una acción afirmativa sí debería conocer la agenda y asumir la responsabilidad de representar a esa población.

Las organizaciones también debemos aprender a acompañar. No siempre tenemos que encabezar una causa o aparecer bajo los reflectores.

Cuando otra organización ya posee experiencia en un asunto, podemos sumarnos y fortalecer su trabajo. Una presencia colectiva más amplia también envía un mensaje de respaldo”.

“Hoy quiero ser feliz”

Después de tantos años defendiendo públicamente los derechos de otras personas, ¿qué parte de Samantha la mujer, la activista y la servidora pública has tenido que sacrificar, esconder o reconstruir para sostener esta lucha?

“Es una pregunta fuerte. El activismo implica gastos personales, pero también significa enfrentar ataques de integrantes de la propia población, de grupos conservadores y de actores políticos.

Si hoy tuviera que decir qué me ha dejado el activismo, respondería con franqueza que también me ha enfermado. El estrés y la impotencia que provocan los abusos o la dificultad para garantizar los derechos de alguien terminan afectando el cuerpo.

En mi caso, quiero comenzar a ceder la estafeta. Quiero disfrutar mi vida. No sé si lo que he aportado a la diversidad ha sido poco o mucho, pero hoy quiero ser feliz.

El problema es que, cuando la gente ya conoce tu trabajo, continúa llamándote para pedir ayuda. Hace poco, por ejemplo, me buscaron por el caso de una niña de 13 años que había sufrido una agresión sexual.

En esos momentos me pregunto si realmente puedo sentarme y retirarme o si todavía debo seguir trabajando para ayudar.

Sí pesa. Por eso, cuando puedo, trato de estar en casa, convivir con mi familia y disfrutar a mis amistades. No siempre estoy arreglada ni en un evento; también necesito conservar a Samantha como persona.

Hace cuatro meses me diagnosticaron diabetes y, al mismo tiempo, sigo un tratamiento hormonal. Los medicamentos, el trabajo y las exigencias del activismo generan un desgaste importante.

Lo único que busco ahora es paz y tranquilidad. Quiero alejarme de aquello que no me hace bien y de los entornos negativos, porque no puedo ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles si yo también permanezco rodeada de negatividad.

Quiero ser feliz y, hasta donde mi cuerpo resista, continuar ayudando a las poblaciones diversas del país”.

Una agenda que exige conocimiento y unidad

La experiencia de Samantha Arellanes expone una contradicción frecuente del activismo: para transformar las instituciones es necesario conocer sus reglas, pero ingresar en ellas también revela sus límites.

Las leyes y los protocolos pueden abrir caminos, aunque su cumplimiento depende de capacitación, vigilancia, sanciones y de que las propias poblaciones conozcan las herramientas disponibles para defenderse.

Su llamado final no desconoce las diferencias internas del movimiento, pero advierte que convertirlas en confrontaciones permanentes fortalece a quienes desean frenar los derechos LGBT+.

Para Arellanes, el reto consiste en construir acuerdos sin renunciar a lo esencial: la dignidad y los derechos humanos no están sujetos a negociación.