Personas trans presas en Georgia demandan al estado por negarles atención médica esencial

Un grupo de personas transgénero privadas de la libertad en el estado de Georgia ha iniciado una demanda colectiva contra las autoridades, denunciando que una nueva ley les priva del acceso a tratamientos médicos fundamentales y viola sus derechos constitucionales.

La acción legal, respaldada por el Centro de Derechos Constitucionales y el despacho Bondurant Mixson & Elmore LLP, representa a cinco personas trans —dos hombres y tres mujeres— junto a casi 300 reclusos más afectados. Los demandantes sostienen que la legislación, identificada como SB 185 y aprobada en mayo por el gobernador republicano Brian Kemp, constituye un castigo cruel e inusual, prohibido por la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La ley que bloquea tratamientos para la disforia de género

La SB 185 prohíbe destinar recursos estatales a cirugías de afirmación de género, terapias de reemplazo hormonal, procedimientos estéticos y cualquier otro tratamiento médico relacionado con la disforia de género. Además, impide que los reclusos cubran estos servicios con sus propios recursos, una restricción que agrava la situación de quienes ya habían iniciado su tratamiento.

Uno de los casos emblemáticos en la denuncia es el de Fantasia Horton, mujer trans encarcelada en la prisión estatal de Phillips, quien desde 2019 recibía terapia hormonal. Según la demanda, su tratamiento fue interrumpido abruptamente, exponiéndola a riesgos severos tanto físicos como psicológicos.

Riesgos médicos y antecedentes legales

Especialistas en salud advierten que suspender bruscamente este tipo de terapias puede desencadenar ansiedad, depresión, ideación suicida y complicaciones físicas graves. La recomendación médica es que cualquier reducción de dosis se realice de manera gradual, en un periodo de tres a seis meses, para evitar daños irreversibles.

Experiencias similares en otros estados como Wisconsin y Colorado han derivado en fallos judiciales o acuerdos que obligan a garantizar estos tratamientos y a mejorar las condiciones de encarcelamiento para personas trans.

Una batalla legal de largo plazo

Los abogados confían en que la justicia anule la ley, aunque reconocen que el proceso podría extenderse por años. Mientras tanto, cientos de personas trans en las prisiones de Georgia enfrentan el impacto directo de esta política, que organizaciones de derechos humanos califican como discriminatoria y peligrosa.