
Gobierno de Trump prohíbe a personas trans servir en las Fuerzas Armadas de EE.UU.
- Amame Trans

- 12 may
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Una nueva orden presidencial emitida por Donald Trump ha reactivado la controversia en torno a los derechos de las personas trans en Estados Unidos. La Corte Suprema autorizó esta semana que el mandatario implemente su prohibición para que personas transgénero puedan formar parte del ejército estadounidense, lo que marca un claro retroceso en las políticas de inclusión que habían sido impulsadas durante la administración anterior.

Adiós a la inclusión en las filas militares
Con esta medida, el gobierno comenzó a rechazar nuevas solicitudes de personas trans que buscan alistarse y a dar de baja a miembros en activo que han sido diagnosticados con disforia de género o que hayan iniciado su transición médica. Esta orden, firmada por Trump en enero, revierte directamente la política impulsada por Joe Biden, quien había permitido el servicio abierto y sin restricciones de personas trans en las Fuerzas Armadas.
Un mensaje de odio desde el poder
La polémica creció tras una publicación en la red social X por parte del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien escribió:
“NO MÁS TIPOS EN VESTIDOS. YA TERMINAMOS CON ESO.”
Una declaración que fue rápidamente señalada como transfóbica y ofensiva por múltiples sectores de la sociedad civil.
Miles de vidas afectadas

Actualmente, se estima que más de 4,000 personas transgénero prestan servicio activo en el ejército estadounidense. Esta política no solo amenaza con cortar carreras militares, sino también con despojar de derechos a quienes ya sirven con honor.
El gobierno de Trump ha defendido esta decisión alegando un informe del Pentágono, que afirma que la disforia de género puede afectar el desempeño y la “eficacia letal” de las tropas. No obstante, numerosos expertos y organizaciones han cuestionado los fundamentos de ese informe.
Indignación entre defensores de derechos humanos
La respuesta por parte de organizaciones LGBTQ+ no se hizo esperar. Grupos como Lambda Legal y Human Rights Campaign han calificado la medida como un ataque directo a los derechos humanos y un acto movido por prejuicios más que por hechos. “Es un golpe devastador para miles de personas que han demostrado su compromiso con el país”, expresaron.






