Puerto Rico prohíbe la atención médica trans para menores de 21 años: una ley que criminaliza el cuidado y la identidad

El 16 de julio, Puerto Rico dio un alarmante paso atrás en materia de derechos humanos y diversidad. La gobernadora Jennifer González-Colón firmó una ley que prohíbe los bloqueadores de pubertad, terapias hormonales y cirugías de afirmación de género para personas trans menores de 21 años.

Esta medida convierte a Puerto Rico en uno de los territorios más restrictivos de Estados Unidos, imponiendo una barrera legal a la atención médica trans bajo el argumento de que quienes tienen menos de 21 años “no cuentan con la madurez emocional y cognitiva suficiente para tomar decisiones irreversibles”.

Penas extremas y veto financiero

La ley no solo niega el acceso a la atención médica trans, sino que criminaliza a quienes intenten brindarla.

El texto establece sanciones de hasta 15 años de prisión, multas de 50,000 dólares y la revocación de licencias profesionales para cualquier personal de salud que ofrezca bloqueadores, hormonas o cirugías afirmativas.

Además, se prohíbe el uso de fondos públicos para tratamientos relacionados con la atención médica trans, lo que afecta directamente a hospitales, clínicas y programas de salud comunitaria.

Un retroceso alarmante

Puerto Rico es uno de los pocos territorios estadounidenses donde la mayoría de edad legal se alcanza a los 21 años, por lo que esta ley se coloca como una de las más restrictivas en todo el país.

Expertos y organizaciones advierten que el impacto será devastador para la juventud trans, quienes podrían enfrentar aislamiento, desesperanza e incluso mayores riesgos de salud mental.

Reacción y resistencia

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció que llevará esta legislación ante los tribunales.

Su director, Justin Jesús Santiago, calificó la medida como:

“Cruel e inhumana. El gobierno está criminalizando a quienes salvan vidas”.

Organismos de derechos humanos y colectivos trans también han denunciado que esta ley atenta contra derechos básicos, vulnera la autonomía corporal y profundiza la discriminación institucionalizada.

El derecho a existir sin castigo

Negar el acceso a la atención médica trans no protege a nadie, por el contrario, pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de personas jóvenes. La salud trans es un derecho humano, no un delito.