España investiga posible delito de odio por sepultar a una joven trans con su nombre anterior
Un tribunal español abrió una investigación contra los padres adoptivos de Daniela M. S., una joven trans de origen chileno que murió en 2022 a los 21 años, después de que fuera sepultada con el nombre que tenía antes de su transición y con fotografías que no correspondían con la identidad que sostuvo durante sus últimos años de vida.
El caso se encuentra en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en Alicante, que indaga si la actuación de la familia podría constituir un delito de odio y una vulneración de la dignidad de Daniela después de su muerte.
Hasta el momento se trata de una investigación y no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal de las personas señaladas.
Daniela había rectificado legalmente su identidad
Daniela nació en Santiago de Chile en el año 2000 y fue adoptada a los dos años por una pareja española que residía en Santander. Durante su adolescencia comenzó a expresar su identidad como mujer trans.
En 2021 logró modificar legalmente su nombre en el Registro Civil. Su identidad, por lo tanto, no solo era reconocida dentro de su entorno social, sino también oficialmente por el Estado español.
Sin embargo, después de su fallecimiento fue trasladada al panteón familiar del cementerio municipal de Aspe, Alicante. De acuerdo con la denuncia, sus padres adoptivos colocaron en la lápida su necrónimo el nombre asignado antes de su transición y exhibieron fotografías antiguas en las que tenía una expresión de género masculina.
La Fiscalía sostiene que estos actos se habrían realizado consciente y deliberadamente, a pesar de que Daniela había concluido el procedimiento administrativo para reconocer legalmente su identidad.
Una amiga comenzó la lucha para recuperar su memoria
Alana, amiga cercana y compañera de vivienda de Daniela, conservaba una copia del documento que acreditaba la rectificación registral de su nombre. Al conocer la manera en que había sido sepultada, acudió a Euforia Familias Trans-Aliadas.
La organización presentó una denuncia con la representación del abogado Saúl Castro. Tras varios intentos por abordar el caso mediante la vía administrativa, la Fiscalía de Delitos de Odio de Alicante encontró posibles indicios delictivos y trasladó su denuncia al juzgado.
El Ministerio Público solicitó que los padres declaren como investigados y que se reúna documentación sobre el nombre legal de Daniela y la propiedad del nicho donde permanece sepultada.
La denuncia también señala que los progenitores habrían continuado refiriéndose a ella en masculino durante intervenciones públicas posteriores a su muerte. Para la Fiscalía, las acciones investigadas podrían superar el ámbito de un conflicto familiar y convertirse en una forma pública de negación de su identidad.
La denuncia también señala presuntas terapias de conversión
Según el testimonio de sus amistades y la documentación incorporada a la denuncia, Daniela enfrentó durante años el rechazo de su familia adoptiva.
Cuando comenzó a hablar sobre su identidad, sus padres presuntamente recurrieron a tratamientos psiquiátricos y psicológicos con la intención de modificarla. La denuncia sostiene también que, durante su adolescencia, fue internada en un convento para intentar que volviera a identificarse como un hombre cisgénero.
Con el paso del tiempo intervinieron los servicios sociales y Daniela quedó bajo la tutela de las autoridades de Cantabria hasta alcanzar la mayoría de edad. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde comenzó una vida independiente y recibió atención especializada para su proceso de afirmación de género.
Estas circunstancias forman parte de los testimonios y alegatos presentados en el procedimiento, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales examinarlos.
Un posible precedente para las personas trans
El caso abre una discusión jurídica poco explorada en España: si la protección de la identidad, el honor y la dignidad de una persona trans debe continuar después de su fallecimiento.
Euforia sostiene que la decisión funeraria no fue únicamente una elección privada, debido a que la lápida se encuentra expuesta públicamente y contradice la identidad legalmente reconocida de Daniela.
La investigación también analizará la posible aplicación de la Ley valenciana de protección de las personas trans, la llamada Ley Zerolo, la normativa funeraria y el artículo 510 del Código Penal español. La actual ley trans estatal no puede aplicarse directamente porque entró en vigor después de los hechos.
Si los tribunales reconocen la existencia de una vulneración póstuma, la resolución podría convertirse en un precedente para otras personas trans cuyas identidades son borradas o negadas por sus familiares después de morir.
Más allá del proceso penal, el caso de Daniela plantea una exigencia fundamental: la identidad de una persona no desaparece con su muerte. Respetar su nombre, su imagen y la manera en que decidió vivir también forma
