Corte Interamericana condena a Honduras por el asesinato de Leonela Zelaya, mujer trans víctima de violencia y discriminación estatal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica contra el Estado de Honduras por su responsabilidad en la detención arbitraria, la discriminación y la falta de investigación efectiva en el asesinato de Leonela Zelaya, una mujer trans y trabajadora sexual asesinada en 2004 en Tegucigalpa.

El tribunal concluyó que el Estado hondureño incurrió en graves violaciones a los derechos humanos al no garantizar la protección de Leonela, permitir actos de violencia institucional y mantener su caso en la impunidad durante más de una década. Además, determinó que durante el proceso judicial se desconoció su identidad de género, lo que evidenció un patrón de discriminación estructural.

Detenciones arbitrarias marcadas por prejuicios

De acuerdo con la sentencia, Leonela Zelaya fue detenida de manera ilegal y arbitraria en al menos tres ocasiones durante 2004: el 20 de enero, el 11 de agosto y el 2 de septiembre. La Corte estableció que estas detenciones estuvieron motivadas por prejuicios hacia su identidad de género y su condición de trabajadora sexual.

El fallo señala que dichas acciones constituyeron una violación directa a sus derechos fundamentales y reflejaron el uso de la fuerza pública como mecanismo de control y discriminación contra las personas trans.

Un asesinato sin justicia durante años

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2004, cuando Leonela fue agredida físicamente por agentes policiales. Semanas después, el 7 de septiembre, su cuerpo fue encontrado en una vía pública de la capital hondureña. Los peritajes forenses determinaron que la causa de su muerte fue una agresión con arma blanca.

A pesar de la gravedad del crimen, las autoridades mantuvieron la investigación prácticamente paralizada durante 14 años. Para la Corte Interamericana, esta inacción evidenció la falta de debida diligencia reforzada, especialmente considerando la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans en la región.

Violaciones también contra Thalía Rodríguez

La sentencia reconoce, además, que el Estado hondureño vulneró los derechos de Thalía Rodríguez, pareja de Leonela durante nueve años y testigo clave del caso. La Corte determinó que Honduras incumplió su obligación de garantizarle acceso efectivo a la justicia y protección judicial.

Posteriormente, Thalía Rodríguez también fue asesinada, lo que profundiza el impacto de la violencia y la impunidad que rodearon este caso.

Medidas ordenadas al Estado hondureño

Como parte de la sentencia, la Corte Interamericana ordenó a Honduras reactivar la investigación del caso, identificar y sancionar a los responsables, así como adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.

Entre las acciones ordenadas se incluyen la publicación de la sentencia, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y la implementación de políticas orientadas a la protección de las personas trans y otros grupos históricamente vulnerados.

Un precedente clave para los derechos trans en América Latina

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta sentencia constituye un precedente fundamental para visibilizar la violencia estructural y la impunidad que enfrentan las personas trans en Honduras y en otros países de la región.

Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, destacó que el fallo expone un patrón sistemático de violencia contra la población LGBT+. De acuerdo con datos de la organización, más de 500 personas LGBT+ han sido asesinadas en Honduras desde 2004, con niveles de impunidad cercanos al 94%.

Por su parte, la abogada Doris González, representante del caso, subrayó que las detenciones arbitrarias fueron posibles debido a la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Social, una normativa basada en criterios ambiguos que la Corte consideró incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

La resolución se suma a la condena emitida en 2019 por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández, consolidando un llamado internacional urgente para garantizar justicia, memoria y protección efectiva a las personas trans en América Latina.

Porque la justicia tardía también es una forma de violencia, pero la memoria y la verdad siguen abriendo camino.